Este redactado (de la nueva ley) –de ser aprobado finalmente en estos términos– dejaría al Gobierno la llave del candado de determinados secretos. Un punto de la norma que ha sido defendido vehementemente desde el Ministerio del Interior, donde se han mostrado más recelosos de hacer públicos algunos episodios de la historia más reciente: entre ellos, los documentos que pudiesen existir sobre el intento de golpe de Estado del 23-F y la guerra sucia de los GAL contra el terrorismo de ETA.
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