El Ministerio del Interior tiene previsto introducir, antes de que finalice el año, diversas modificaciones en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana para atajar los episodios de perturbación del orden público. Para los casos de infracciones graves se contemplan sanciones de hasta 30.000 euros, que podrían llegar a los 300.000 si se consideran muy graves.
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