El Gobierno asegura que no existe ninguna orden para identificar a los participantes en manifestaciones, pero ha admitido que se tuvo que proceder a tomar datos el pasado 24 de enero en una concentración en apoyo al exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ya que no se había convocado de acuerdo con la legalidad y además se desarrollaba ante el Tribunal Supremo.
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