Las sombras que rodean a esta oscura trama de inmatriculaciones de bienes se deben, en buena medida, a las modificaciones legales que impuso el Partido Popular en 1998, durante la etapa de Gobierno de José María Aznar. Entonces se amplió la potestad legal que ya arrastraba la Iglesia católica, a la que se dio vía libre, además, para registrar a su nombre templos de culto, lo que conllevó un incremento sustancial de inmatriculaciones a través de diversas entidades jurídicas asociadas.
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