En España hay cerca de 80.000 pequeños propietarios de viviendas afectados por la declaración de vulnerabilidad de las personas que viven en sus pisos. En mayo de 2019 la inquilina dejó de pagar. El desahucio estaba previsto para mayo de 2020, pero la pandemia “lo paró todo”, porque solicitó informes para ser declarada vulnerable y no ser desalojada. “Ella no es vulnerable, trabaja de tarotista y desde 2007 no cotiza, cobra en B”, denuncia Yolanda. “Desde entonces empieza mi pelea con el Centro de Servicios Sociales"
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