Los inmigrantes aportaron el año pasado a la Seguridad Social 9.000 millones de euros. La suma equivale a lo que le cuestan al erario público 900.000 pensionistas españoles. Porque los pensionistas que se benefician de las cotizaciones de los inmigrantes no son extranjeros: en el país hay 7,5 de jubilados españoles frente a sólo 60.000 extranjeros (cifra a la que aún habría que restar la de ciudadanos comunitarios). La paradoja es que muchos de esos pensionistas españoles echan pestes contra la inmigración.
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