El informe sostiene que la exigencia a las personas ´sin papeles´ de firmar previamente un compromiso de pago para recibir asistencia médica urgente –como sucedió en el propio caso de Pam– invitaba a "disuadir" a este colectivo de acudir al centro sanitario, pese a que, según la normativa, no se les podía reclamar ese pago en los casos urgentes.
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