La querencia del Gobierno tripartito a encargar informes y estudios de dudosa utilidad a personas ajenas a la Administración (y en algunos casos cercanas a los partidos) ha desatado todo tipo de críticas de la oposición e, incluso, una investigación de la Fiscalía. Curiosamente, desde el mismo seno del Govern han surgido voces que aconsejan reducir esta práctica.Un estudio interno del Govern sobre "El potencial de ahorro respecto a otras comunidades", señala que la Administración catalana tiene un ahorro potencial de "45 a 70 millones de euros"
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