El Estado no ha podido ocultar un contundente informe del Comité de Prevención de la Tortura en el que se le reclama que lance un mensaje de «tolerancia cero» contra la tortura. Pide una declaración oficial que «llegue a todos los agentes de orden público en todos los niveles», porque sólo «una acción decidida» puede resolver la situación detectada por los supervisores europeos visita de 2007. La impunidad con que actúan las fuerzas policiales ocupa varias páginas del informe, que pone a la Audiencia Nacional en su punto de mira.
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