Un juzgado de Madrid se ha convertido en una olla a presión que puede poner punto final a la carrera de Coro Cillán, la magistrada que reabrió en 2009 el caso de los atentados de los trenes de Atocha del 11 de marzo de 2004.La inspección del Consejo General del Poder Judicial ha abierto un expediente disciplinario contra ella por tres faltas muy graves y una grave. Una secretaria y dos fiscales del juzgado atribuyen a Cillán actuar bajo la ingesta de bebidas alcohólicas que le provocan incluso "confundir personas y delitos".
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