Ni corte de conexión, ni reducción de la velocidad, ni siquiera avisos. La industria cultural ha dado su brazo a torcer y ha renunciado a la aplicación de cualquier tipo de medida que vaya contra los más de ocho millones de internautas particulares que realizan descargas por Internet. En su lugar, proponen que el Gobierno regule únicamente la persecución de las páginas web que facilitan los enlaces que permiten esas descargas, para que puedan ser desalojadas, o se pueda bloquear su acceso a ellas.
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