A partir del 1 de julio y hasta 2014, diez centrales térmicas propiedad de las grandes eléctricas tendrán que consumir a un precio regulado los excedentes de carbón nacional que no logran casar en el mercado por ser más caro. Una parte de ese precio, 1.800 millones de euros, será una ayuda de Estado para las eléctricas, pero que pagarán los grandes clientes
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