La CIG quiere denunciar la pretensión de INDRA, la mayor empresa tecnológica del Estado español y una de las pocas que cuenta con accionariado público estatal, de aplicar ERTEs y reducciones de jornada a pesar de tener al 80% de su plantilla teletrabajando, en muchos casos realizando jornadas agotadoras, y de encargarse de dar soporte técnico a servicios públicos esenciales como el SERGAS.
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