Cuando el PP llegó a la Moncloa, los ministros de Economía y de Hacienda, Luis de Guindos y Cristobal Montoro, anunciaron medidas para castigar las millonarias indemnizaciones que perciben los directivos de las empresas. Cuatro años después, Indra, la empresa que tiene al Estado como principal accionista, acaba de abonar unos 12 millones de euros a tres directores generales a los que despidió hace una semana. Otros casi cinco millones se ha llevado Santiago Roura, el directivo de Indra imputado en el caso Púnica.
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