El Govern de Carles Puigdemont sustrajo información de diferentes bases de datos oficiales controladas por la Generalitat para crear de forma clandestina el censo de votantes del referéndum del 1-O. Los archivos fueron cruzados posteriormente por técnicos del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), dependiente del Ejecutivo autonómico, para generar el listado definitivo con los nombres, apellidos, direcciones y fechas de nacimiento de los millones de catalanes convocados a la consulta ilegal.
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