La construcción que realiza Gabilondo está acogida a la Ley aunque ha sembrado protestas entre algunos vecinos que cuestionan la doble vara de medir del equipo de gobierno insular y mahonés al permitir la urbanización de espacios protegidos al mismo tiempo que desclasifica y prohíbe la construcción en otros que antes eran urbanizables “para evitar la aglomeración turística”.
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