Los guardias civiles detenidos en el marco de la operación «Botavara» están imputados, en concreto, por delitos de tráfico de drogas, contra las garantías constitucionales, detención ilegal, falsedad documental en diligencias y actas, así como torturas, amenazas y coacciones, y omisión del deber de perseguir delitos. «Un elenco del Código Penal en el que quedan pocos sin tocar», señaló Ricardo Arranz, que matizó que no se le imputan a todos los mismos delitos porque «cada uno tiene su grado de participación».
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