La alcaldesa de Dénia, Ana Kringe, del PP, está imputada desde ayer por un delito de prevaricación después de que el PSPV presentara una denuncia por impedirle el acceso a diversa documentación pública referente a actuaciones urbanísticas, gestión contable y facturas. El concejal socialista Vicent Grimalt la acusaba de incumplir la Ley de Bases de Régimen Local, que en su art. 77 insta a los alcaldes a entregar los documentos o datos que piden los ediles de la corporación en un plazo no superior a 5 días.
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