Controversia entre diputados locales generó la iniciativa del arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, de otorgar a los sacerdotes los mismos derechos de un ciudadano común, participar en la política, tener bienes e integrar la educación religiosa en las escuelas públicas. Es el mismo Arzobispo que pedía la aplicación de la pena de muerte conforme autoriza el catecismo católico en su punto 2266.
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