Ignacio González sólo ha tardado quince días en encontrar un nuevo puesto al ideólogo de la privatización hospitalaria. Antonio Burgueño, que fue destituido como director general de hospitales a mediados de febrero, se reincorporará a la Consejería de Sanidad madrileña como asesor de la Sanidad pública, un puesto por el que cobrará unos 3.000 euros. Burgueño ha sido imputado por una presunta malversación de caudales públicos en la causa que investiga las primeras externalizaciones hospitalarias llevadas a cabo por Lamela y Güemes.
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