Aquellos que tanto se escandalizan por ese decreto de la Junta de Andalucía, que expropiará viviendas a los bancos para evitar los desahucios más sangrantes y multará a los dueños de casas vacías, deberían releer la Constitución. «Se reconoce el derecho a la propiedad privada (¿) Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social» (artículo 33; las negritas son mías).
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