El Gobierno ha incumplido un acuerdo del año 1987 por el que se comprometía con la Conferencia Episcopal a que en un período de tres años «la Iglesia se autofinanciara con sus propios medios». Es por ello que denuncian que pasados 20 años «no sólo no desaparece sino que se incrementa en un 34%», algo que calificó como una «gran falacia» porque este impuesto religioso es en realidad «una aportación del conjunto del Estado a la Iglesia».
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