El nuevo gobierno golpista obligó a Morales a exiliarse, comenzó a arrestar a políticos y periodistas mientras exoneraba a los servicios de seguridad de todos los crímenes cometidos durante el "restablecimiento del orden", otorgándoles una licencia para matar. Decenas de personas han muerto y se han producido masacres de manifestantes indígenas en la ciudad de Cochabamba y en el pequeño pueblo de Senkata. Lejos de defender a los reprimidos, Human Rights Watch ha respaldado los eventos.
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