Human Rights Watch ha denunciado el lucrativo negocio que supone el hecho de que cada año los tribunales de EEUU condenan a cientos de miles de delincuentes acusados de delitos menores a una libertad condicional supervisada por compañías privadas que cobran sus tarifas directamente a los presos en libertad condicional. Más de 1.000 tribunales en varios estados delegan un poder coercitivo tremendo a compañías que a menudo no están sujetas a una supervisión ni regulación significativa.
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