Echar a un empleado público no significa que con ello el Estado se vaya a ahorrar el importe íntegro de su sueldo. El despedido pasaría a engrosar la ya larguísima cola de parados, pudiendo percibir una prestación del 70% de su sueldo en los seis primeros meses y del 50% (según la última reforma anunciada por el gobierno) en los seis meses siguientes. Los empleados públicos despedidos que tuviesen ese sueldo medio de 40.000 euros anuales percibirían, así pues, 24.000 euros por el subsidio de paro el primer año...
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