A pesar de que según la ley las sanciones, en caso de no entender el catalán, podrían ir de los 300 a los 600 euros, fuentes del departamento explican que es difícil que estas se lleguen a aplicar, al considerar que se podrían volver en contra de la lengua, punto de vista compartido por los restauradores. El presidente del Gremio de Restauradores de Barcelona, Gaietà Farràs, asegura que la profesión tiene "en época de crisis problemas más prioritarios" que el uso del catalán.
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