La Comunidad de Madrid traslada forzosamente a cientos de mayores descolgados tras la renuncia de algunas empresas a las plazas concertadas. La Administración ignora las circunstancias de salud de los ancianos para decidir quién se marcha y toma como criterio la antigüedad en la plaza pública. Las familias denuncian falta de información y de acompañamiento.
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