Los dos ejecutados confesaron haber colaborado con fuerzas de inteligencia israelíes en la localización de varios cabecillas del grupo, entre ellos Abdel-Aziz al-Rantissi, asesinado en 2004. La sistema judicial de la ANP regula la ejecución, pero es necesaria la autorización del Presidente, Mahmoud Abbas, requisito que se incumplió en este caso.
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