Tras 12 meses, la Agencia Tributaria dice a la jueza que la asistencia técnica no es competencia suya y que deben ser otros peritos los que la asistan. Se investiga si hubo prevaricación y malversación en la venta de 2.900 casas del Instituto de la Vivienda de Madrid que ahora controla una filial desde el paraíso fiscal de Delaware. La delegada de Hacienda, hermana del ministro de Justicia Rafael Catalá, esgrime que solo debe ofrecer inspectores para posibles delitos tributarios.
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