Tratar de negar que el sistema público de pensiones pueda tener dificultades de financiación dentro de quince o veinte años resulta un tanto absurdo. Pero la sostenibilidad del sistema no depende sólo de la cantidad de gente que hay que financiar, sino de la capacidad que se genere para hacerlo posible. En un sistema de reparto como el español, esa capacidad de financiación dependerá del crecimiento económico, del aumento de la productividad, del número de personas que formen parte de la población activa y de la cantidad de gente ocupada.
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