La querella acusa al ex fiscal general de EE.UU., Alberto Gonzales, a David Addington, jefe de gabinete del ex vicepresidente Dick Cheney, y a otros cuatro abogados que prepararon el marco juridico para la instalacion del presidio de Guantanamo, de ser culpables de la detencion ilegal y la tortura de los prisioneros confinados alli en un limbo juridico sin garantia de sus derechos. Altos funcionarios españoles, especialmente ciertos fiscales, habrían colaborado activamente con los diplomáticos estadounidenses para echar a pique la querella.
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