El Ejecutivo aprobó una ley a principios de 2015 para desligar las revalorizaciones de rentas y bienes con el IPC pero no hizo lo mismo con el reglamento que fija las nuevas referencias. Economía no ha logrado sacar un texto adelante, cuyo borrador recibió críticas del Consejo Económico y Social y de otros órganos consultivos. Las empresas concesionarias aseguran que la incertidumbre que introdujo la ley penalizará las inversiones privadas en los proyectos de grandes infraestructras del país
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