Los agentes que tomaron declaración a la víctima, en lugar de cursar la denuncia de forma oficial, retrasaron su admisión para dar tiempo a la llegada de los agentes denunciados. El objetivo era convencer al afectado para que finalmente no presentara reclamación. Las pesquisas de la Guardia Civil reflejan que puede no ser "la primera vez" que uno de los agentes se queda con dinero de ciudadanos y que finalmente, la denuncia fue retocada sin consentimiento del declarante, lo que podría suponer un delito de falsedad en documento público.
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