La Guardia Civil investiga al menos 402 cuentas bancarias de 50 entidades para “aclarar los verdaderos beneficiarios de las ayudas públicas”. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) peinan cada movimiento de estas cuentas para identificar el rastro del dinero perdido en las operaciones comerciales “verdaderas o ficticias” mantenidas entre las empresas que tramitaron los ERE: aseguradoras, despachos de abogados, asociaciones, etc. La juez de refuerzo Ana Rosa Curra destacó en un auto el pasado 1 de febrero la “ingente documentación"
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