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Pérez de los Cobos ordenó a los agentes de la Guardia Civil que instasen al supermercado a que conservase las imágenes a pesar de que no había denuncia alguna ni diligencias y tras la negativa del supermercado a facilitarlas sin ella. Esa orden puso en alerta a la cúpula del Cuerpo semanas antes del episodio del informe del 8-M, que precipitó el cese del coronel.
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