Los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y el poder judicial deben asumir su responsabilidad (y velando por los intereses de la ciudadanía y la propia estabilidad y credibilidad de la democracia) deben proceder de manera inmediata a realizar las labores oportunas que terminen con el encausamiento criminal del presidente del gobierno y del resto de altos cargos implicados en este monumental escándalo de mentiras, delitos y ocultaciones.
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