Los títulos, que se expedían de forma fraudulenta, los emitía un sindicato en Cádiz (el Sindicato Independiente de Trabajadores) y los validaba la Escuela de Servicio de Sanitarios y Sociales del Gobierno de Canarias y una empresa extremeña. Hay diez detenidos y dos imputadas, entre los que están, dos dirigentes políticos del PP canario. El caso es grave porque se cobraba por impartir títulos sin dar formación alguna, por ejemplo, para el manejo de material sanitario o de primeros auxilios.
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