El decreto de la Junta de A. que regula el régimen sancionador para los bancos y sociedades de gestión y patrimoniales que tengan en situación ociosa las viviendas que poseen o administran se olvida de una parte importante del mercado inmobiliario de esta comunidad. En concreto, de las alrededor de 60.000 viviendas de titularidad pública construidas en los años del boom por ayuntamientos, diputaciones, empresas públicas locales o provinciales y el propio Gobierno regional, y que pese a estar en la mayoría de los casos vacías, no serán multadas.
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