El encarcelamiento y posterior condena a 23 años de cárcel a una joven mujer a quien se acusó de abortar, implica un serio retroceso en materia de derechos humanos; coincidieron representantes de la sociedad bajacaliforniana y del resto de México. La investigadora de El Colegio de la Frontera Norte, Elizabeth Maier, advirtió que esta situación visibiliza el problema de desigualdad de género y de discriminación de clase. Por su parte, políticos del gobernante PAN salieron a defender la condena.
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