La entrada en vigor de la Ley de Protección Ciudadana, conocida popularmente como “Ley Corcuera”, en 1992 convirtió en una “infracción grave” el consumo de estupefacientes en lugares públicos, alegando el consabido argumento de “salud pública”. Uno de sus efectos es que la incautación de drogas en la calle se ha convertido en un fenomenal negocio para el Ministerio del Interior: en 2011 se pusieron 407.074 decomisos y 375.019 denuncias por consumo o tenencia de drogas en espacios públicos, el triple que diez años antes.
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