El gobierno ha priorizado. Ha elegido utilizar la presión en Bruselas para salvar los intereses de esa poderosa minoría de propietarios-accionistas en lugar de, por ejemplo, pedir un rescate que permitiera extender ayudas sociales de emergencia para los colectivos más vulnerables, como los parados de larga duración sin ingresos o el 23% de niños que viven por debajo del umbral de la pobreza en España.
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