La Conselleria de Sanidad asumirá el control de las pruebas a mediados de este mes, así como a los 120 empleados de la unión de empresas que gestiona un servicio privatizado en el año 2000 por el expresidente valenciano del PP, Eduardo Zaplana, un modelo que según un informe de la Sindicatura de Comptes ha supuesto un sobrecoste para las arcas públicas de entre 3,3 y 16,7 millones de euros entre 2008 y 2018.
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