El borrador que prepara el Ministerio de Presidencia incluye restricciones que no aparecían contempladas en la ley base aprobada en diciembre de 2013. Con este reglamento, denuncian ONG especializadas, "se acaba limitando el derecho de solicitar información a un número reducido de personas". Los requisitos que fija el reglamento son "una excesiva carga" sobre el demandante de información.
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