Los continuos retrasos en los plazos para la aprobación de la Ley de Economía Sostenible han repercutido en la llegada del servicio universal de banda ancha anunciado por el Gobierno el pasado mes de mayo. La norma, que llegará en otoño, fijará el acceso a Internet de los ciudadanos a una velocidad mínima de 1 Mbps.
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