La fórmula está aún en estudio, pero los equipos jurídicos consultados por el Ejecutivo la estiman perfectamente viable, libre de posibles trabas de constitucionalidad. La idea consiste en añadir un apartado al artículo 61 de la ley de Régimen Local, de modo que fuera causa de disolución el que un ayuntamiento esté gobernado por miembros de un partido que haya sido ilegalizado.
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