El Gobierno no sólo cerrará las páginas que ganan dinero con las descargas, sino que perseguirá también a aquellas que, aunque no tengan ánimo de lucro, considere que actúan de mala fe para “causar un daño patrimonial”. Así lo recoge la redacción de la Ley de Economía Sostenible que se dio a conocer ayer, y que no despeja la gran cantidad de dudas prácticas y legales
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