La Junta de Andalucía oculta a toda prisa las primeras ramificaciones de la enorme trama que comercializa con jamón podrido en media España. La rápida destrucción de la mercancía se ha realizado sin autorización judicial y sin haber avisado ni a la fiscalía ni a ningún juzgado de guardia. Fuentes de la investigación justificaron la rápida destrucción porque no se había detectado la trazabilidad de los productos. Pero en los vídeos difundidos por la Guardia Civil se puede comprobar fácilmente la existencia de la trazabilidad en el etiquetado.
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