El Gobierno ha apurado hasta el último momento para aprobar el Real Decreto que permitirá a los operadores de telecomunicaciones prepararse para saltar a la Cuarta Generación de la telefonía móvil (4G) en España, un proceso que además de permitir a los usuarios acceder a la banda ancha móvil ayudará al Ejecutivo a reducir el déficit público con unos ingresos para el Estado de hasta 2.000 millones de euros entre 2011 y 2012.
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