Industria introduce una renta mínima para poder acceder a la tarifa del bono social, que ahora no se exige. La nueva normativa tiene que sortear las dificultades a nivel de protección de datos para exigir una declaración de ingresos a clientes. Se reordena el peso de los costes fijos en la factura de forma que las casas vacías o viviendas de vacaciones paguen más.
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