Ni bajar sueldos, ni fusionar ayuntamientos, ni eliminar diputaciones. La reforma de la estructura del Estado se basará en buscar eficiencias, economías de escala, la amortización de empleados públicos e, incluso, la redistribución del personal. Sin embargo, en ningún caso se plantea que desaparezcan capas de la administración: el Gobierno no sólo se ha negado a suprimir las diputaciones, sino que de hecho va a reforzarlas con más competencias, algo que no extraña cuando el PP controla 28 de estos organismos territoriales
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